Primero de todos, queremos expresar nuestras condolencias a todas las familias de los fallecidos por el coronavirus y también mandar nuestro cariño a todos los enfermos afectados por este terrible virus que esta asolando nuestra Patria y a todos los países del mundo.
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, con origen todavía desconocido. Provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio agudo (SARS), una forma grave de neumonía. Deben su nombre a la forma que tienen, muy parecida a la de una corona. Los síntomas son fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza o insuficiencia respiratoria. El brote epidémico que se inició el 1 de diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan se extendió en 2020 por todo el mundo, con graves consecuencias económicas y sanitarias.
A la crisis del coronavirus en España no se le dio importancia y fue despreciada como tal por el Gobierno hasta hace menos de una semana. El sábado 14 el incompetente presidente Sánchez ha declarado el estado de alarma, pero unos días antes el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos no le daba importancia al asunto y animaba, por ejemplo, a acudir a las manifestaciones masivas que por el día de la mujer se celebraron en las principales ciudades españolas. Manifestaciones bochornosas de las radicales feministas que concurren para justificar las ayudas (estatales, autonómicas y locales) que reciben.
La inyección del IRPF estatal, a través de la X marcada para fines sociales, sufraga también parte de las actividades de estas radicales feministas. Lo que vimos en las calles el domingo, el apropiamiento del concepto «mujer», los eslóganes que coreaban las manifestantes, las pancartas, el odio hacia el hombre y hacia las mujeres libres, es solo un reflejo del influjo brutal de la maquinaria de propaganda del Gobierno a través de sus tentáculos en decenas de organizaciones, como decíamos, subvencionadas.
Con esta irresponsable actitud el Gobierno de Pedro Sánchez ignoró las recomendaciones sanitarias de no celebrar concentraciones masivas para frenar la propagación del coronavirus. La Unión Europea recomendaba a todos los países «evitar concentraciones masivas innecesarias» por el coronavirus, ya que los datos confirmaban que el cancelarlas «puede reducir la transmisión del virus». Concretamente el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades ya alertaba el pasado 2 de marzo que la manifestación de 8-M era una auténtica locura, siendo necesario «evitar acudir a actos multitudinarios».
Todas las fuentes consultadas coinciden en confirmar que el 8-M sirvió para propagar el virus un 50% en la ciudad de Madrid. Antes de la celebración de la marcha feminista, los casos se situaban sobre los 1.000, mientras que apenas unas horas después de la manifestación en la que participó la mayor parte del Ejecutivo, los casos se dispararon hasta los más de 2.000.
A este desastre sanitario fruto de la negligencia de este gobierno – sin duda el peor de la historia contemporánea de España- hay que añadir la debacle económica que se nos avecina teniendo en cuenta que ya estábamos en un proceso de desaceleración y que nuestro país tiene una deuda del 130% del PIB, lo que significa que todo el valor de la producción del año 2020 ya lo debemos. Todos los sectores económicos: Aerolíneas, agencias de viajes y autónomos han manifestado su insatisfacción con el paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno esta tarde. Pedro Sánchez detalló la hoja de ruta de la Administración para afrontar la amenaza del Covid-19, un plan de choque de más de 18.000 millones en créditos, moratorias fiscales y ayudas al turismo. Según todos los analistas económicos el plan de choque de Sánchez es insuficiente, apresurado y poco riguroso.
Sánchez, en una campaña de marketing que es todo un espectáculo, nos dice que «movilizará 200.000 millones de euros». ¿Pero esta medida «sin precedentes», cómo la va a realizar? ¿De dónde salen los 200.000 millones del Gobierno? ¿Tiene España este dinero contante y sonante para asumir esa estratosférica cifra? Y la respuesta es simple y llanmamente NO.
Lo cierto es que esa ingente cantidad de dinero «movilizada» por el Ejecutivo tiene más de humo que de contabilidad real.
Las principales asociaciones representantes del sector de los autónomos y Pimes ven «decepcionantes y preocupantes» unas medidas que «se quedan cortas» y creen que el Gobierno «no parece ser consciente de la magnitud del golpe económico que esta crisis está provocando a los más de 3,2 millones de trabajadores autónomos». Estas organizaciones en una carta remitida a los ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social exigen tres demandas : En primer lugar, en cuanto a la prestación por cese de actividad reclaman al Gobierno que todos los autónomos tengan garantizada la prestación por cese de actividad.
En segundo lugar, en el caso de autónomos que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes como consecuencia del cierre de los centros escolares y cuidado de dependientes, «se propone la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social».
Y en tercera instancia, para aquellos autónomos infectados o en cuarentena, y por tanto en situación de baja asimilada a AT y EP, demandan la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social desde el primer día de la baja. Actualmente estos autónomos percibirán el 75% de su base de cotización pero se verían obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extendiese más allá de los 60 días, reduciendo de forma importante los ingresos de dicho autónomo en esta circunstancia.
Además critican las medidas de liquidez impulsadas por el Gobierno, al considerar que no se trata de una nueva inyección de capital si no que es producto de un diferimiento en el pago de los impuestos, que abre una ventana de liquidez temporal pero que no responde a las pérdidas de ventas y de ingresos derivadas de la menor demanda de bienes y frenazos de la actividad previstos para las próximas semanas. Sin ir más lejos, según estimaciones de esta asociación, el autónomo que tenga que cerrar su empresas o cesar su actividad durante un mes a causa del virus perderá hasta un 8% de sus ventas anuales.
Otro de los problemas para los trabajadores que ha generado el coronavirus, son los llamados ERTES. El Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es un instrumento legal que permite a las empresas suspender los contratos o reducir la jornada laboral cuando concurren «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción». El principal inconveniente para los trabajadores, además de la pérdida de ingresos por conceptos variables, es que se acorta el periodo en el que reciben la prestación de desempleo en caso de perder su trabajo. Las principales consecuencias del ERTE son:
1. Salarios. Los trabajadores consumen su prestación por desempleo mientras se aplica el ERTE. El salario en los primeros 180 días pasa a ser el 70%.
2. Desempleo. En el caso de perder su trabajo, los días consumidos por el ERTE se descuentan del periodo con derecho a cobro.
3. Complemento. Es habitual que las empresas negocien un complemento salarial, aunque no suele cubrir el 100% de los ingresos.
Además, seguimos sufriendo las 17 Autonomías, los 17 reinos de Taifas, que debemos recordar nos cuestan 80.000 millones de euros al año. La pluralidad de voces y criterios entre administraciones obliga a un esfuerzo extra que, está provocando «descoordinaciones» en cuanto al flujo de información y de eficacia. El coronavirus no entiende de fronteras y 18 respuestas diferentes son un disparate muy peligroso para España y aunque el gobierno ha centralizado un mando único tarde y mal, el daño ya está hecho.
Por último y pasa concluir, queremos rendir un homenaje a todos los compatriotas anónimos que están en primera línea haciendo un esfuerzo heroico para que podamos estar atendidos -personal sanitario, transportistas, personal de supermercados, comercios, agricultores, policías y militares, etc.-
?Beni Martínez, Jefe Provincial de La Falange en Barcelona