El pasado año 2021 cerró con la inquietante cifra de 705 fallecidos en accidentes de trabajo. De estas 705 personas, 575 fallecieron durante su jornada de trabajo, y 130 lo hicieron “in itinere”, mientras se desplazaban.
La construcción es el sector con mayor mortalidad, seguido del transporte, y por la industria manufacturera.
Los portavoces de los principales sindicatos del régimen del 78, UGT y CCOO, se limitan a lamentar los datos de siniestralidad laboral, cuando los datos ponen de manifiesto que falta una política activa en materia de prevención y seguridad laboral, pues un trabajador va a desarrollar una actividad laboral y no ha de asumir riesgos que pueden comportar un accidente de trágicas consecuencias tanto para él como para su familia.
Y es que el trabajo y el sacrificio abnegado diarios merecen el mayor de los respetos y consideración, y los poderes públicos han de velar por una cooperación fraterna y animosa entre todos los agentes implicados para que el trabajo sea símbolo de dignidad y de prosperidad.
No podemos aceptar que en algunos sectores laborales se siga sitiando al trabajador para acabar imponiéndole unas condiciones que de manera más o menos expresa acaban afectando a la prevención y seguridad laborales. Toda persona que dirige una actividad empresarial tiene la obligación de conocer la misma, pues la mera aportación de capital deshumaniza su tarea; tarea que en muchos casos acaba convirtiéndose en una simple cuestión formal que acaba relegando la sustantividad del conocimiento de aquello que se lleva entre manos y que afecta a la vida de los trabajadores y de la comunidad. Uno recuerda el Servicio Universitario de Trabajo (SUT) y la experiencia clave que supuso para los más de 13.000 universitarios a los que se les permitió valorar y apreciar en primera persona el trabajo que desempeñaban, entre otros, albañiles, campesinos, y mineros, a lo largo de los veranos de los años 50 y 60 del siglo pasado. Era una manera de poner en contacto a personas de diferentes generaciones y orígenes, con el enriquecimiento que suponía el compartir experiencias y vivencias laborales.
La clase política actual sigue en su espiral particular de enajenación del principio de realidad, lo que la incapacita para gestionar una realidad cambiante que requiere de altas capacidades de liderazgo e impulso para defender los intereses de trabajadores y empresarios.
La Falange defiende la seguridad laboral, y aboga por una España apuntalada en la Justicia Social, siendo el trabajo elemento vertebrador, fundamento que pone en relación la capacidad humana con su medio, vinculando a la persona con el resto de la comunidad.
