Por Fernando Paz
Las fuerzas nacionalistas e izquierdistas han puesto el grito en el cielo ante el anuncio del gobierno de considerar el derecho de los padres a que sus hijos estudien en español en Cataluña. Por supuesto, con los antecedentes del gobierno, el escepticismo universalmente mostrado resultaba comprensible. Los acontecimientos posteriores lo han justificado.
Pasividad del gobierno
El gobierno de Mariano Rajoy está actuando sobre el fondo de más de tres décadas de lo que podemos llamar aproximadamente desastre educativo, y, en ese sentido, no tiene más responsabilidad que cualquiera de los anteriores; valga decir que su culpa es por omisión, lo que a nadie extrañará tratándose de Rajoy.
Además, las cesiones a las autonomías en estas últimas décadas, no han hecho sino empeorar el panorama. Para colmo, la Alta Inspección Educativa, aunque existe, no tiene función real alguna; ni en estos, ni en otros temas.
Perfectamente conocedor de la situación, a la que no pone remedio por razones estrictamente políticas, el gobierno, por boca de su portavoz Méndez de Vigo, negó que hubiera problema educativo alguno en Cataluña. Por supuesto, esto contradecía algo que el señor Wert, anterior ministro de educación del PP y promotor de una nonata ley educativa, había afirmado: que los niños de Cataluña debían ser españolizados.
Para rematar la contradicción, a continuación abrió el debate de la libertad educativa, en torno a la cuestión de la inclusión de la casilla para que los padres elijan la lengua “vehicular” de la enseñanza. Lo que representa un mentís a su propia y previa afirmación: sí hay un problema educativo en Cataluña, y no pequeño. Un problema que consiste, nada menos, que la lengua en la que se estudia.
El debate generado a raíz de la pretensión de incluir la famosa casilla, debate estrictamente político, ha amedrentado al gobierno, que se desdijo en cuestión de horas y pasó a asegurar que no había prisa alguna en introducir los cambios propuestos.
El Constitucional
Entre tanto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra la garantía de enseñanza en español a los alumnos que en Cataluña así lo deseen. La sentencia arguye que el sistema diseñado por el ex-ministro Wert invade las competencias de la Generalidad, al tiempo que le niega al gobierno la capacidad de decidir la política educativa a través de la Alta Inspección.
De acuerdo al sistema arbitrado por el ministerio de Wert, se becaba a los alumnos que desearan estudiar en español, pagándoles un centro privado – si no era posible un centro público – cuyo coste más tarde repercutía en los presupuestos de la Generalidad.
Se trataba de una medida que admitía, de forma implícita, que en Cataluña no se cumple la ley y que, en dicha región, no rige en la enseñanza el principio constitucional acerca de los deberes y derechos referentes al idioma español; pero que, al menos teóricamente, paliaba una flagrante injusticia.
La verdad es que tampoco ha sido así; para el curso 2016-17, menos de un 15% de las familias que habían solicitado que se les aplicase dicha medida se habían visto asistidas por la disposición gubernamental.
Sea como fuere, lo cierto es que esta sentencia le resulta muy útil al gobierno por cuanto le proporciona una coartada para mantener las cosas como están, al tiempo que asegura que su voluntad era la de cambiarlas.
Pablo Iglesias
Celosa de mantener la exclusividad sobre la educación, la izquierda salta a la yugular en cuanto se le cuestiona una sola coma en esta materia. Así que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias entraron al trapo ante la sola mención de las intenciones del gobierno.
Pablo Iglesias se descolgó con unas declaraciones absurdas en las que ponderaba en términos hiperbólicos la educación en Cataluña: “a mí, si algo me enorgullece como español, es la escuela catalana”. La educación en Cataluña – aseguraba – es “referente mundial”.
Luego, en una sola frase radiografió la verdadera situación de la educación en España a través de la suya propia : “los niños y niñas catalanes obtienen puntuaciones mejores que los niños del resto del Estado”. Papanatismo correcto-politiqués (“los niños y niñas”); falta de concordancia lógica (“los niños y niñas catalanes”, sin “añadir “catalanas”, ¿o se puede ser sexista con los adjetivos y no con los sustantivos?) ; nueva falta de concordancia lógica (“que los niños del resto del Estado”; ¿por qué compara a los “niños y niñas de Cataluña solo con los “niños” del resto del Estado; ¿es que en resto del Estado no hay niñas?).
Además de todo esto, su afirmación es falsa. Los niños de Cataluña no obtiene mejores puntuaciones que los niños del resto de España, que más o menos es lo que quiere decir.
¿Qué pasa con la educación en Cataluña?
Aceptando el informe PISA, los datos de Cataluña en materia educativa no solo no son buenos, sino que son francamente malos.
En materia educativa los criterios son claros: los resultados de los alumnos están estrechamente relacionados con el nivel de renta y con los estudios de los padres. Por tanto, hay que valorar el estado de la educación en Cataluña en relación con el de regiones equivalentes en esos aspectos. Pues bien: Cataluña queda por debajo de las regiones más desarrolladas de España, con la sola excepción del País Vasco, en todas las facetas.
La comparación deja muy mal a Cataluña cuando se le enfrenta con los datos de las regiones de renta similar a la suya, quedando muy por debajo tanto en Ciencias (siendo la media nacional de 493 puntos este materia, Castilla y León obtiene 519, Madrid 516 y Navarra 512, por 504 Cataluña) como en Matemáticas (sobre una media de 486, Navarra alcanza los 518 puntos, Castilla y León 506, La Rioja 505, Madrid 503, y Cataluña y Aragón 500).
El otro aspecto que se evalúa, el de la comprensión lectora, también arroja unos datos reveladores: Cataluña vuelve a quedar por debajo de las regiones españolas más desarrolladas, muy alejada, con 500 puntos, de los 522 de Castilla y León y los 520 de Madrid. Y añadiendo una salvedad muy significativa: la prueba de compresión lectora en Cataluña se efectúa en catalán. No es aventurado suponer que en caso de que se hiciese en español los resultados serían aún peores.
No es solo el informe PISA; otros muchos estudios de temática educativa avalan estos datos casi milimétricamente.
De nuevo la izquierda con los privilegiados
Una nota característica de la educación en Cataluña es la diferencia que existe entre los castellano-hablantes y los catalán-hablantes. La inmersión en catalán y la consecuente imposibilidad de elegir la lengua en la que estudiar, perjudica a los castellano-hablantes de modo muy notable.
Las cifras no dejan lugar a la duda. El fracaso escolar es doble entre quienes tienen el español por lengua materna que entre los catalán-hablantes. Un 72% de los alumnos que ha repetido un curso tiene el español como lengua materna; el porcentaje se dispara hasta el 90% entre quienes ha repetido al menos dos cursos.
Por supuesto, no es solo una cuestión de lengua: es que los castellano-hablantes tienen una extracción social media inferior. De modo que este sistema educativo lo que hace es dificultar aún más a los más desfavorecidos. Y refuerza los mecanismos de discriminación y exclusión.
Por lo visto, esto es lo que llena de orgullo y satisfacción a Pablo Iglesias.
El español, cosa de pobres
Cuando Salvador Sostres decía aquello de que él empleaba el español para hablar con la criada, además de hacer gala de un repugnante clasismo, estaba reflejando esa identificación que se produce en Cataluña entre la lengua y la condición social.
Hace 40 años, los nacionalistas justificaban la necesidad de que la educación fuese bilingüe en el hecho de que ser educado en la lengua materna era imprescindible para un más adecuado desarrollo personal y porque, en definitiva, redundaba en una mayor justicia e igualdad.
Por entonces, los nacionalistas reclamaban para ellos exactamente lo mismo que hoy le niegan a los demás. Con el inestimable auxilio, como siempre, de la izquierda, que sacrifica a los más débiles a sus objetivos ideológicos; y con la omisión vergonzosa, como siempre, de la derecha.
Fuente: Informe PISA y discriminación, una radiografía de las aulas catalanas