Es notorio el disparado precio de la electricidad que tenemos que soportar los españoles. El aumento exponencial del precio del megavatio/hora no tiene precedentes. Mientras en Febrero del año 2021 el precio del megavatio/hora fue de 36,81 Euros, en Enero de este 2022 (antes de iniciarse la invasión rusa de Ucrania), ha sido de 210,09 Euros.
Así pues, estamos viviendo las consecuencias de las llamadas políticas “progresistas” del ejecutivo de turno; un escenario que nos podrían haber ahorrado si el Estado interviniese en defensa de la nación, y no fuese el mero instrumento recaudador al servicio de la oligarquía política y económica.
La confusión producida por el incremento de precios ha beneficiado a las compañías eléctricas,
que además de aumentar sus ingresos, han visto la oportunidad de realizar agresivas campañas con el objetivo de captar clientes, que no en pocas ocasiones, acaban pagando más por el mismo servicio.Y es que a pesar de que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) haya sancionado a las grandes eléctricas por manipulación del mercado y denunciado en múltiples ocasiones las malas prácticas llevadas a cabo por las comercializadoras de electricidad (cobrar de más a sus clientes, modificaciones contractuales sin consentimiento, …), el abuso continúa y los españoles seguimos pagando. Obviamente, son miembros de la clase política, los que a cambio del favor de estas compañías, siguen utilizando su influencia para beneficiar a las mismas, perjudicando sobremanera al pueblo español.Mientras tanto, sigue aumentando el número de compatriotas que se encuentran ante el dilema “socialdemócrata” de tener que elegir entre encender la calefacción o comer.
Hemos de recordar que desde nuestra perspectiva nacionalsindicalista, el Estado ha de actuar ante el sufrimiento de la población, pues tiene la obligación de velar por la paz social, y para ello, indudablemente debe intervenir en todos los sectores estratégicos, como es el caso del sector energético, evitando la alta dependencia del gas exterior y minimizando los impuestos a la producción de un recurso elemental. Los hechos acreditan que es necesaria una mayor presencia del Estado para garantizar el suministro energético a precios populares.
Basta ya de ver la vil manera en que nuestros gobernantes tiran pelotas fuera alegando que no tienen competencias o que están trabajando en ello, cuando dichas respuestas no hacen más que incrementar el daño a la nación: daño económico al mermar el poder adquisitivo de los españoles así como la competitividad de las empresas españolas; sin olvidar el castigo psicológico, consecuencia de una volatilidad que impide al ciudadano saber cuánto pagará al día siguiente por un bien tan básico y fundamental.
Desde La Falange continuamos denunciando las aberraciones del Régimen del 78.
