El juez Ramón Sáez Valcárcel de la Audiencia Nacional, ése que a propuesta del partido comunista (integrado en Izquierda Unida) fue elegido como vocal del Consejo General del Poder Judicial; ése que absolvió a Alí Babá y los cuarenta ladrones filoetarras de Segui y a los asaltantes del Parlamento de Cataluña; ése que excarceló a etarras convictos como Bolinaga, Santi Potros y a los ahora gracias a él fugados Troitiño y Plazaola; ése que escribe artículos en El País y en la revista de la asociación Jueces para la democracia haciendo clara apología de la memoria histórica marxista; ése que defendió a capa y espada a su amigo el prevaricador Garzón en el tema de las fosas de un sólo bando de la guerra civil; ése a quien la Candidata de Podemos para Madrid, la Magistrada Manuela Carmena, la del despacho de abogados comunistas de Atocha, reconoce como el «íntimo amigo» que le abrió los ojos en su aventura política con la frase «Manuela, son los nuestros, no los podemos dejar solos», refiriéndose sin duda a sus camaradas marxistas leninistas; ése mismo juzgará el próximo mes de junio, tras seis años de espera y un mes en prisión a tres personas, un vizcaíno, un guipuzcoano y un navarro, por daños y amenazas terroristas y subversión del orden constitucional del art. 577 CP, para los que el fiscal socialista de la Audiencia Nacional, Marcelo Azcárraga solicita la pena de siete años de prisión.

Entre sus gravísimos delitos de lesa humanidad se cuentan dibujar la bandera nacional sobre una placa de una calle dedicada a la excelsa Dolores «la pasionaria»; amenazar con pintadas a tres concejales etarras de Bildu, uno de ellos hoy en prisión; romper tres placas de la memoria histórica comunista en cementerios perdidos de Navarra; y escribir el nombre de soldados españoles fallecidos en combate durante la guerra civil. Entre los abogados de la acusación particular, Vicente Nazábal, asesino del alcalde de Echarri Aranaz, y Gonzalo Boye, secuestrador chileno condenado por terrorismo y colaboración con ETA.

Pues bien, este juez imparcial fue reconocido, junto con su íntima amiga Manuela Carmena, como merecedor de la Gran Cruz Meritísima de la Orden de San Raimundo de Peñafort por decreto del gobierno de 12 de enero de 2002, suponemos que por los grandes méritos que pormenoriza el decreto de institución de la dicha Cruz en decreto de 23 de enero de 1944, firmado por Francisco Franco, caudillo de España. Entresaquemos algunos párrafos para intentar adivinar los merecimientos de este curioso juez:

«Premiar los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios de la administración de Justicia… y cuantos hayan contribuído al desarrollo del Derecho, al estudio de los sagrados cánones y de las Escrituras y a la obra legislativa y de organización del Estado».

Pero ¿a qué Derecho, a qué Justicia, a qué Estado, a qué valores se refiere el decreto que instituyó la Cruz Meritísima que porta con orgullo nuestro buen juez, el Sr. Ramón Sáez Valcárcel? Transcribamos su preámbulo, que no tiene desperdicio alguno:

«La grandeza de los pueblos se mide tanto por la heroica virtud de sus hijos como por el fulgente esplendor de la Justicia. Las armas y las leyes son los dos grandes protagonistas de la universal historia, hasta el punto de no lograr ésta ninguna de sus formas civilizadoras sin el supremo acorde de estas altas facetas del espíritu humano, desarrollándose bajo el palio espiritual de la Religión, que las engarza con Dios, supremo manantial de vida y único camino de redención. Nunca deja de ser la hora de las armas y de las leyes, porque unas y otras son gérmenes fecundos del acontecer diario; pero hay un momento en el que una de ellas toma la delantera ante la exigencia imperiosa de la realidad ambiente. En nuestra España, liberada de las potencias del Mal, llega ahora el tiempo esplendoroso en el que las leyes van dando permanencia y sentido de profundidad humana al magno proceso heroico de nuestra liberación nacional, y en este triunfante repecho de paz, pleno de fecundantes promesas patrias, queremos enaltecer con generoso aliento a la milicia de los hombres del Derecho, y a cuantos contribuyen a dotar al país de una inquebrantable base jurídica y de una prestigiosa estructura legal. Para cumplir este cometido nada nos ha parecido más adecuado como crear la Cruz de San Raimundo de Peñafort… Por eso será el máximo honor llevar con la Cruz que ahora se crea su efigie y su nombre, vinculándolos al más alto servicio de Dios y de España por las anchas y reparadoras sendas del Derecho y de las leyes».

Nunca una condecoración fue tan atinadamente otorgada.