No hay peor criminal que el que comete crímenes contra personas indefensas, débiles y vulnerables; Y esto es lo que está haciendo la Generalidad de Cataluña con nuestras personas mayores. Nuestros ancianos se han visto sometidos a situaciones de abuso, desprotección y violación de su derecho más elemental y básico: LA SALUD.
La Justicia Social es, para los falangistas, un objetivo sagrado e irrenunciable; Es el espíritu de nuestra doctrina. Por ello decimos alto y claro que el cuidado de nuestros mayores es una obligación que no podemos permitir que el Estado abandone. El Estado debe asegurar como uno de sus principales objetivos la defensa de los derechos, de las libertades y de la dignidad de las personas mayores como colectivo de especial vulnerabilidad y sobre todo en aquellas situaciones que les representen mayor peligro.
En medio del caos provocado por la nefasta y suicida gestión del Gobierno Sánchez, se ha hecho pública la noticia de la criminal actuación de la Consejería de Salud de la Generalidad y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los recortes de prensa dicen: «La Consejería de Salud de la Generalitat y el S.E.M han recomendado a los profesionales sanitarios no ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a pacientes de más de 80 años en el marco de la pandemia de coronavirus, según recoge un comunicado interno de la propia Consejería«.
Numerosas entidades sanitarias, así como sus profesionales, han denunciado esta actuación homicida de la Generalidad.
Ante el colapso, el Gobierno catalán limita la derivación a hospitales de los pacientes con menos probabilidades de sobrevivir. La Generalidad ha dado indicaciones a los trabajadores de ambulancias para justificar a las familias por qué se desecha el traslado de pacientes sospechosos de haber contraído coronavirus y con mal pronóstico por edad o enfermedades preexistentes. En el documento criminal, que fue avanzado por la televisión pública de Barcelona –Betevé-, el Departamento insta a «evitar ingresos de pacientes con escaso beneficio terapéutico, ya sea por patologías respiratorias por el Covid-19 u otras patologías que condicionen el estado crítico«. El escrito insta a los profesionales sanitarios para que los pacientes de más de 80 años sean tratados con tres pasos: «Que reciban solo oxigenoterapia (una mejora de la oxigenación). Si en 15 minutos de tratamiento presentan saturación de oxigeno, administrar morfina o midazolam para paliar la sensación de disnea«. «En pacientes de entre 75 y 80 años, el tratamiento recomendado es el mismo a excepción de aquellos casos que, según la escala de Rockwood –que valora la fragilidad clínica de las personas de edad avanzada–, tienen mejor estado de salud, en los que sí se valora la ventilación mecánica como primera opción. Todos aquellos casos que según la escala de Rockwood se encuentran en estado vulnerable o de fragilidad –leve, moderada y grave– tampoco recibirán ventilación mecánica y se les aplicará el mismo tratamiento«. Los criterios en menores de 75 años son más amplios y se valora la ventilación mecánica en casos «con problemas crónicos bien controlados, sin limitaciones funcionales y que practican ejercicio en forma de andar«. El documento pide «valorar la adecuación de la derivación de los pacientes con coronavirus al hospital basándose en criterios de funcionalidad y pronóstico, y en los valores y preferencias de la persona enferma«.
Estas nuevas recomendaciones se unen a las desveladas este martes por El Mundo, en las que la Generalitat abría la puerta a no derivar a hospitales a pacientes con «muy mal pronóstico» o «corta esperanza de vida«, en los que se estimara que el tratamiento tenía menos posibilidades de surtir efecto, siendo este el caso de los ancianos.
Señalamos por esta abominable actuación a Alba Vergés y Joan Guix -ambos de ERC- como máximos responsables de Sanidad en Cataluña (una competencia que está transferida a la Generalitat desde 1981). Como también señalamos al jefe de estos, a ese traidor que, como esbirro del cobarde Puigdemont (el que huyó para seguir su acomodada vida en Bélgica) preside el “Govern”, el incompetente Joaquín Torra.
Otro incompetente, el Ministro de Sanidad Salvador Illa – alias «la cuota catalana»- al tener conocimiento de la inhumana recomendación, aseguró «que los criterios para ingresar a pacientes en UCI no tienen en cuenta la edad del paciente sino su cuadro clínico«. Olvida este ministro de Filosofía barata que Cataluña tiene traspasada, desde el 15 de julio de 1981, la competencia de Sanidad. Y habrá que recordar a todos, que gracias a este régimen que sustenta la España rota en 17 autonomías, la sanidad catalana ha sufrido los mayores recortes durante el «procés», perdiendo 2.400 profesionales y más de 1.100 camas hospitalarias durante los gobiernos de Artur Mas, mientras se sufragaban embajadas catalanas, asociaciones, entidades, televisiones, etc afines a la causa separatista.
Con estas execrables medidas de la Generalidad, Cataluña se ha alineado con las medidas que se viene aplicando en Holanda, uno de los pocos países que cuentan con una ley que permite la eutanasia. En el caso holandés, se ofrece además la posibilidad de morir en casa mediante la muerte controlada por el médico, también para “evitar sufrimientos”. En ambos casos se trata de desincentivar que el anciano se integre al sistema sanitario, evitando un gasto adicional de quién no cotiza pero presentándolo en términos humanitarios.
A todo este escándalo hay que sumar la situación en las residencias de ancianos. Todo y con el falseamiento institucional del número de muertos por coronavirus, éstas confirman “oficialmente” que «un total de 1.047 ancianos que vivían en residencias han muerto en Cataluña desde el 15 de marzo hasta la primera semana de Abril a causa del coronavirus y el 53,2 % de estos centros tienen residentes contagiados con COVID-19 o con sintomatología compatible con la enfermedad”.
El clima de indignación en Cataluña crece contra el gobierno de la Generalidad, por su inactividad, dejadez, falta de prevención y previsión para impedir la expansión del coronavirus por las residencias de ancianos de Cataluña. Pese a los intentos en las ruedas de prensa de la consejera Alba Vergés de restar importancia a estos hechos tan graves, numerosas entidades y voces del ámbito sanitario la siguen acusando de tergiversadora o directamente de mentirosa.
Pero no acaba aquí el macabro asunto: El consejero de Interior, Miquel Buch (el mismo que autorizaba los cortes de la Meridiana) afirmaba con contundencia que «desplegar el Ejército en Cataluña era innecesario». Buch decía que con los Mossos d’Esquadra y las policías locales bastaba para hacer cumplir las medidas del Estado de Alarma. Pero obligado por la propagación incontrolable del virus en Cataluña y la presión ciudadana a partir del día 25 de marzo, indicaba que recurriría a ellos «si lo necesitamos«. Un inconsciente Buch cambió su discurso apelando a que el Ejército «lo pagan también los catalanes» para aceptar pese a sus odios separatistas las demandas de numerosos municipios catalanes (muchos de ellos con una trayectoria secesionista notable) que desesperados imploraban la presencia del Ejército.
También ha sido especialmente vergonzosa la actitud del defensor del pueblo catalán, el Síndic de Greuges Rafael Ribó-, que sigue sin ordenar ninguna investigación y continúa en silencio ante las muertes de ancianos en Cataluña así como por la peligrosa situación de las prisiones catalanas.
Para terminar queremos señalar que se han infringido varios artículos de su maldita Constitución donde se contempla el maltrato y la desasistencia de las personas mayores:
– Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de SALUD, vivienda, cultura y ocio.
– Artículo 43: 1.Se reconoce el derecho a la protección de la SALUD.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la SALUD pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
La Constitución reafirma -y esto debería ser de obligado cumplimiento por el Gobierno Sánchez, pero también y especialmente por la Generalidad- lo siguiente:
Se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten al derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española (al igual que a cualquier otro derecho, deber o libertad recogida en el Título I de la Constitución), aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos leyes (art. 86.1 de – la Constitución Española).
Aquí la Generalitat está incurriendo en un delito contemplado en el Artículo 14 de la Constitución Española:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL.
Desde La Falange llamamos a los ciudadanos para que todos exijamos JUSTICIA. El Gobierno de la Nación y de la Generalidad tienen manchadas las manos de sangre, no podemos pasar por alto estos crímenes, Tiene Que Haber Un Antes Y Un Después De Esta Crisis.
Por último y en esta Semana Santa –pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por la redención de nuestros pecados y nuestra salvación-, os pedimos con humildad que todos recemos por todos los enfermos, en especial por nuestros ancianos, y por todas las personas que están trabajando por su bienestar.
