En los últimos días nos hacíamos eco de la noticia que, a pesar de que muchos nos la barruntábamos, ninguno quería oír: Alcoa, una de las principales fuentes de empleo de la comarca de Avilés y, por tanto, de la industria asturiana, va a cerrar por decisión irrevocable de la empresa multinacional matriz.
¿Qué significa esto? Muy sencillo, más de 300 trabajadores se quedarán sin su empleo directo, puesto que será despedida toda la plantilla. Cientos de familias afectadas al borde de la precariedad por la decisión de una multinacional al servicio del capital, que no tiene ningún interés en contar con el bienestar del obrero. No nos olvidemos tampoco de los casi 100 empleos que Alcoa genera en Avilés de manera indirecta y que también sufrirán unas terribles consecuencias.
¿Dónde está el origen de todo este problema? En la conocida como tasa de interrumpibilidad, mediante la cual los gobiernos indemnizan a las empresas adheridas a ella que, en casos de alta demanda de electricidad y poca oferta, son desconectadas de la red. Alcoa por tanto, en los últimos años, ha recibido algo más de 1000 millones de euros en este concepto. La multinacional considera que la planta avilesina -y coruñesa- no es rentable y decide cerrarla.
Es una catástrofe para Asturias de una magnitud tremebunda, unida al cierre próximo de los últimos pozos mineros y las centrales térmicas, las industrias navales y del sector del acero, así como la falta de comunicación con otras regiones nacionales e internacionales por la escasa oferta de vuelos en el aeropuerto y la precaria situación del ferrocarril asturiano. Tampoco se puede pasar por alto la difícil situación que atraviesa el mundo de las actividades tradicionales en el mundo rural, con nulas ayudas para ganaderos y agricultores, así como numerosas trabas para una flota pesquera que cada vez tiene más complicado llevar a cabo su actividad. En definitiva, están terminando con Asturias.
