La Falange afirma que la Salud de todo un pueblo no admite ni recortes, ni corrupciones, ni negocios de las castas del sector y de los políticos de turno. Consideramos la Sanidad como una estructura vital de servicio nacional y público por lo que nos preocupa y mucho la actual situación del sistema público de Sanidad.
La Justicia Social, premisa innegociable para La Falange, tiene como uno de sus aspectos esenciales la atención sanitaria. Exigimos que el Estado garantice en su totalidad la asistencia sanitaria para todos y cada uno de los españoles. La salud nunca puede ser cuestionada por motivos de negocio, mercados o enriquecimientos ni puede verse afectada por la desigualdad territorial en la distribución de recursos, burocracias excesivas y el deterioro progresivo de las relaciones entre los diferentes estamentos de la Sanidad. Por todo ello, rechazamos el modelo liberal de sanidad que se está apoderando de nuestro sistema y proponemos recuperar una única administración nacional.
En este paradigma de lucro y negocio, el Estado Español pretende desmantelar la sanidad pública cediendo, fragmentando y privatizando cada vez más áreas a grandes empresas del mercado sanitario; Nos oponemos a todo ello y, en general, al concepto liberal de lo público por ser contrario al espíritu de la Justicia Social. Hemos de recuperar a la Sanidad como un servicio público y un derecho universal como paso imprescindible para poder responder eficazmente a los principios irrenunciables de solidaridad, equidad y justicia que define a nuestra sociedad.
Paradójicamente –o no tanto- el gasto se incrementa cuanto mayor es el grado de privatización y lo que “a priori” debería ayudar al mantenimiento y sostenibilidad del sistema sanitario, hace todo lo contrario además de ir en detrimento del servicio que ofrece. Este proceso de liberalización, desreglamentación y desregularización es el que está adoptando el Estado con sus sucesivos gobiernos, dándose el caso de que muchas entidades privadas sanitarias reciben dinero público. Un sistema insolidario que beneficia a capas sociales con mayor poder adquisitivo y no a la población general y que es contrario al objetivo de conquistar una sanidad gratuita, igualitaria y de absoluta calidad.
Proponemos un debate profesional con el fin de reorganizar el Sistema Nacional de Sanidad para asegurar la cobertura absolutamente pública y gratuita de todos sus servicios; Para promocionar la salud física y mental; Y para la prevención, curación, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de las enfermedades así como todos los servicios asociados.
Nuestras principales propuestas para este debate son:
1- Rescate y devolución al Sistema Sanitario Nacional de todas las entidades sanitarias, total o parcialmente privatizadas (hospitales, centros de salud y servicios).
2- Suspensión o cancelación progresiva de todos los conciertos y acuerdos con el sector privado (externalización). Lógicamente, el beneficio privado aumenta el coste y reduce servicios. Las privatizaciones son la causa del deterioro cualitativo y de las escandalosas listas de espera. Con nuestra salud no se juega.
3- Eliminación de las injustas diferencias que se producen en los diferentes sistemas sanitarios autonómicos, donde existen importantes diferencias en sus partidas presupuestarias.
4- Eliminación de cualquier interpretación, injerencia y disputa política territorial sobre la sanidad. Devolución al Estado de las competencias de sanidad para garantizar así los mismos servicios para todo el territorio nacional.
5- Elaboración de presupuestos sanitarios atendiendo a estudios rigurosos y realistas sobre las carencias y deficiencias que afectan a las diferentes regiones, provincias y especialmente a comarcas y municipios con poca población, eliminando recortes sanitarios y dotando de personal, material, tecnología y cualquier servicio necesario para una atención integral (Plan Nacional de Recursos Sanitarios).
6 – Eliminación total del copago: Éste penaliza principalmente a pensionistas que, naturalmente, padecen en mayor medida enfermedades crónicas y necesitan habitualmente medicinas. El copago es insolidario con nuestros mayores, genera desigualdad y se ha demostrado que su eficacia en la contención del gasto sanitario es mínima, además de afectar negativamente a la salud. En definitiva, el copago es un indigno impuesto a la enfermedad y solo desplaza el gasto público al bolsillo del enfermo.
7- Creación de instrumentos de participación y gestión de los profesionales de la sanidad en los órganos directivos de las entidades sanitarias (verticalidad) desde los más altos estamentos de la Administración del Estado, pasando por los municipios, consejerías, centros hospitalarios y ambulatorios. Así podremos asegurar el control de las políticas sanitarias en todos sus niveles por parte de los profesionales.
8 – Potenciación de la Atención Primaria liberándola de los dictados de las gerencias hospitalarias. Potenciar la medicina familiar asegurará a la población eficacia y seguridad frente a la enfermedad, además de conseguir mejor rentabilidad económica y de los recursos públicos y optimizar las relaciones humanas en el ámbito asistencial.
9 – Inclusión de un verdadera atención dental para toda la población, y un especializado servicio infantil de optometría y terapia visual. Áreas vitales que actualmente no son atendidas como merecen.
No queremos finalizar sin reconocer la labor de los profesionales sanitarios que, pese a la pérdida progresiva de derechos, falta de personal, recursos… -pérdida planificada y provocada para beneficiar a la empresa privada-, siguen ofreciendo una excepcional atención a “sus” pacientes. Es necesario dignificar y proteger a médicos, enfermeros, celadores,… y contar con ellos en la gestión con nuevas formas de participación en la dirección de sus centros de trabajo. Su labor profesional, verdadera marca España, sigue haciéndonos sentir orgullosos de formar parte de esta Verdad con nombre de Nación.
